La patronal de puertos deportivos privados persiste en denunciar que la actual actuación de la APPA afecta a la viabilidad del sector náutico y pesquero.
La campaña informativa ‘La APPA juega a hundir la flota’ está enfocada a informar a usuarios de puertos deportivos y pesqueros gestionados por la Junta sobre la devolución de tasas cobradas de forma ilegal por el ente público desde 2004.
La viabilidad del sector náutico y pesquero y de toda la industria que se genera alrededor de él se está viendo afectado por la recaudación que la Agencia Pública de Puertos de Andalucía, APPA, en concepto de tasas portuarias que lleva realizando desde el año 2004 y que desde el pasado mes de julio, tras la sentencia del Tribunal Supremo que anulaba el decreto 371/2004, pasan a ser ilegales, y por tanto, susceptibles de ser reclamadas por los usuarios afectados, pidiendo su devolución íntegra. Reivindicación que Marinas de Andalucía vuelve a divulgar entre profesionales y expertos de la industria. Con este objetivo, la patronal de los puertos deportivos privados en colaboración con ACNA (Asociación de Clubes Náuticos de Andalucía) lanza la campaña Reclama la devolución de tasas: la APPA juega a ‘hundir la flota’, dirigida a usuarios de puertos gestionados por la Junta de Andalucía, ya sea porque tienen un atraque, son profesionales de la pesca o realizan una actividad comercial.
Tras años denunciando la ilegal actuación de la APPA en materia de regulación del sector, la Asociación se posiciona como fuente informativa atendiendo a un fin social que vela por la buena gestión y la eficiencia de recursos en la náutica. Toda la información de cómo realizar la reclamación se encuentra disponible en el blog de Marinas de Andalucía. La actual situación, nuevamente denunciada, logró tener una resolución satisfactoria por parte del Tribunal Supremo cuando el pasado 3 de julio de 2014 anulaba el Decreto 371/2004, al considerarlo fuente de inseguridad jurídica e ilegal. La Administración andaluza, APPA, respondió aprobando una medida de urgencia para paliar la situación y poder justificar esta recaudación (decreto ley 14/2014). Pero sigue sin cumplir el requisito que le pedía el Supremo: la elaboración de una memoria económica financiera. Luego la medida continúa sin tener validez, «es un fraude para todos los andaluces», manifiestan desde el sector.
