Aseguran que es «inconstitucional» Fomento alega que el aumento era necesario para la viabilidad de las instalaciones.
Marinas de Andalucía y la Asociación de Clubes Náuticos de Andalucía (ACNA) mostraron ayer su rechazo a la convalidación el pasado mes de diciembre en el Parlamento de Andalucía del Decreto Ley 14/2014, por el que se adoptan medidas en materia de tasas portuarias, que supone una subida de las mismas.
A juicio de ambos colectivos, según han expresado en un comunicado, dicho decreto ley es un «fraude» para todos los usuarios y concesionarios del sistema portuario gestionado por la Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA), por lo que han acordado unirse para «denunciar la inconstitucionalidad» del mismo, así como para «reforzar la comunicación con las cofradías de pescadores y usuarios de puertos de gestión directa, con objeto de que puedan solicitar el retorno de las tasas portuarias recaudadas por la APPA de forma ilegal entre los años 2004 y 2014».
Ambas asociaciones manifiestan, igualmente, que la medida convalidada por el Parlamento Andaluz en diciembre «continúa siendo un fraude tanto para concesionarios como para usuarios de puertos que sufren las tasas, con independencia de la gestión privada o pública del puerto donde tengan alquilado el amarre», así como declaran que «las tasas continúan siendo excesivas y ponen en serio riesgo la viabilidad del sector».
De igual forma, destacan las «enormes diferencias de importes» en cuestión de tasas portuarias que gravan las concesiones administrativas gestionadas por la APPA de las gestionadas por puertos del titularidad Estatal dentro de la misma Comunidad autónoma. «La diferencia de importes en este apartado -prosiguen- resulta de tal magnitud que las concesiones administrativas gestionadas por APPA pueden superar en un 400% las tasas que gravan a las concesiones portuarias similares a gestionadas por puertos estatales».
Asimismo, hacen referencia a las «continuas subidas» de importes de tasas portuarias que gravan a las concesiones administrativas, «mientras que la propia Agencia viene introduciendo, vía Ley de Presupuestos, coeficientes reductores de tasas para los puertos directamente gestionados por ella». «Ello genera -aseguran- una competencia con tintes claramente desleales, que perjudica una vez más a nuestro sector, convirtiéndose en juez y parte, contraviniendo de esta manera la normativa Europea».
Por su parte, la consejera de Vivienda y Fomento de la Junta de Andalucía, Elena Cortés, afirmó al respecto en Ayamonte que «cuando hemos aprobado ese Decreto Ley es porque era absolutamente necesario para dar viabilidad a la sostenibilidad de los puertos de Andalucía». Igualmente, subrayó que la aprobación del mismo en el Consejo de Gobierno y su posterior ratificación el pasado mes de diciembre en el Parlamento Andaluz «es la mejor forma de asegurar y garantizar la autofinanciación de los puertos» a lo que añadió que todo se ha hecho «dentro de la legalidad y de la apuesta por el presente y el futuro de los puertos de Andalucía».
